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En las próximas semanas, el Minhacienda dará a conocer cómo será el nuevo plan de austeridad del gasto público.

El recaudo tributario logrado hasta noviembre del año pasado estuvo por debajo de lo proyectado inicialmente por el Gobierno, tanto así que, a pocos días de terminarse el 2018, tuvo que ponerle ‘tijera’ al presupuesto de la Nación.

Así quedó fijado en el Decreto 2470, firmado el 28 de diciembre por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el cual se asegura que el comportamiento de los ingresos corrientes por impuestos y su impacto en las cuentas fiscales, “hace necesario que se efectúe un recorte en el Presupuesto General de la Nación para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la Regla Fiscal”.

Esta decisión la realizó con previo aval del Consejo de Ministros, que cuatro días antes, el 24 de diciembre, le dio luz verde a que se redujeran apropiaciones por $2,91 billones, es decir cerca de un $1 billón más de lo que había tenido que recortar el gobierno anterior, que en abril del año pasado anunciaba el congelamiento de $2 billones.

Según el detalle de la normativa, la entidad que más sufrió con esta reducción de apropiaciones fue el mismo Ministerio de Hacienda, al cual se le redujeron en más de medio billón de pesos, recursos que iban destinados al apoyo de entidades territoriales y a financiar programas de inversión a nivel nacional.

De igual forma, se aplazó el pago de $76.000 millones del servicio de deuda pública, en tanto que el sector de la defensa -uno de los más sensibles en materia de giro de recursos, por sus altas rentas- tuvo diversos ‘tijeretazos’, ya que estos incluyeron al Ministerio de Defensa, las cajas de retiro de las Fuerzas Militares y la Policía, al igual que el rubro propio de esta última, que se le redujeron de un tajo más de $110.000 millones.

Vale la pena recordar que año a año, el Gobierno debe cumplir por ley con unas metas de déficit fiscal, ya que así se lo exige el cumplimiento de la Regla Fiscal, que en cada vigencia se vuelve más exigente en el control de los gastos e ingresos que debe tener el Estado.

Precisamente por esto, y porque la ley de financiamiento aprobada el año pasado no logró todo su cometido, el Ejecutivo alista nuevos recortes en el Presupuesto General de la Nación 2019.

En esta ocasión serían otros los sectores a lo que aplicarían dicha medida.

Entre estos se encuentran salud, que requiere $3 billones; la implementación de los acuerdos de paz, que necesita $2,2 billones; educación, rubro que depende de $2 billones para cubrir los créditos del Icetex y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y los subsidios de energía y gas para estratos bajos, cuyo costo fiscal también asciende a $2 billones.

Por: Portafolio – 7 de enero de 2019

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