SOCIALES

Información social, calidad de vida

ECONÓMICAS

Cifras económicas, construcción, empleo

TERRITORIAL

División política, infraestructura

GOBERNANZA

Geopolítica, elecciones

SIGDEHU

Sistema Información Geográfica

Pese al esfuerzo de los 20 años anteriores, en 2019, Colombia vivió un incremento de su población en condición de pobreza, que empeorará por cuenta de la pandemia. Aunque será un problema de todo el mundo, aquí se plantean cinco claves para atenderlo localmente.

Las cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane) revelan que, para 2019, el 35,7% de la población de Colombia vivía en pobreza monetaria, un dato que corresponde a 17,4 millones de colombianos. En el mismo año, la incidencia de la pobreza multidimensional en el promedio nacional fue del 19,1%.

Ambas cifras, aun teniendo en cuenta en el caso de la pobreza monetaria que hubo un cambio de metodología, representaban un cambio de tendencia frente a los años anteriores. Esto es, un incremento en el número de colombianos en esa situación.

Con la llegada de la pandemia del coronavirus, los cálculos académicos indican que el país quedaría con cerca del 48% de su población en situación de pobreza. Esto generó que desde el principio del virus se activaran programas y campañas para proteger a las familias de ingresos más vulnerables.

Pese a ello, en el corto y el mediano plazo, Colombia necesitará más acciones y soluciones para retomar su senda de reducción de la pobreza. Dinero habló con cinco expertos sobre los que serían los puntos clave que el país debe tener en cuenta.

Transferencias monetarias

Los expertos coinciden en que es necesario que el país mantenga los giros directos de recursos a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, para al menos alivianar su situación. Olga Lucía Acosta, experta en pobreza de la oficina de la Cepal en Bogotá, recordó que, sin embargo, estos ingresos representan apenas entre el 20% y el 30% del total de esos hogares, que pertenecen al 20% de los de menores recursos en Colombia.

Al respecto, Natalia Galvis, experta en pobreza y consultora, señaló que es acertado para el país mantener el programa de Ingreso Solidario hasta junio de 2021, momento en el que este deberá ser evaluado para conocer su impacto y efectividad.

No obstante, en el caso de los hogares rurales, es necesario ampliar su cobertura, ya que los informes geográficos del DPS sobre este programa mostraron que “solamente el 28% de las ayudas de Ingresos Solidario estaban siendo entregadas a esos hogares”, advirtió Galvis.

Maribel Castillo, directora del programa de Economía de la Universidad Javeriana de Cali, destacó que este programa debería, además,  tener un monitoreo más detallado de su impacto en las familias afectadas por la pandemia.

Por otro lado, Acosta señaló que el país podría pensar en una renta básica, que debe empezar con un espíritu de focalización en los hogares más vulnerables, ya que este tipo de iniciativas tiene un costo que Colombia no puede asumir; además, se debe complementar con mecanismos que permitan cobrarles, vía impuestos, a los hogares de mayores ingresos que recibirían la ayuda si se convierte en un giro universal.

Inclusión productiva

No obsante, dado que las ayudas monetarias representan entre el 20% y el 30% de los ingresos de los hogares pobres y vulnerables en el promedio nacional, Acosta señaló que el país, que siempre ha sido mucho más dado a la inclusión social, debe moverse más hacia la inclusión productiva.

Es decir, Colombia debería entregarles a los más vulnerables las herramientas para que, realmente, puedan alcanzar las oportunidades que se le ofrecerían en igualdad de condiciones a toda la población.

En ese sentido, Acosta señaló que “la salida más exitosa de Familias en Acción es Jóvenes en Acción”, cuyos beneficiarios reciben una transferencia monetaria por acceder a educación superior. Sin embargo, agregó que no se trata solo de garantizar que entren a educación de calidad, sino que, dado que muchos jóvenes y niños no pudieron llegar, por ejemplo, al preescolar para desarrollar habilidades básicas, se les debería proveer de refuerzos en estos aspectos.

Por otro lado, Galvis señaló que el Gobierno ya debería estar aprovechando el momento de la pandemia para hacer reentrenamiento, reeducación y educación con los jóvenes, de modo que puedan ofrecerle al mercado laboral lo que este demanda.

En ese sentido, Castillo señaló que en el mediano plazo es necesario “mejorar el acceso y la conectividad, para garantizar la educación en itinerancia mientras dura la pandemia”.

Reactivación

De la mano de la integración productiva, a un más corto plazo, será necesario que el país fortalezca su reactivación económica. Andrés Trejos, exdirector de desarrollo empresarial del DNP, advirtió que esta reactivación productiva “no puede ser solamente en las ciudades, no puede ser solamente crecimiento en la economía naranja, que está concentrada en Bogotá, Medellín y Cali; tiene que llegar a todas las regiones de la periferia”.

En ese sentido, el experto advirtió que será importante que el actual gobierno empiece a trabajar desde ahora en la agenda de productividad de largo plazo de Colombia, como la flexibilización laboral, que puede reducir el riesgo de repetir la historia de la crisis de 1999, cuando muchas empresas cerraron y no volvieron a abrir. Ello no solo cerró cadenas y contactos de exportación, llevó a una pérdida de habilidades acumuladas por parte de los trabajadores y de demanda del empleo.

“Lo mejor que puede hacer (el Gobierno) es implementar con todos sus componentes la política de desarrollo productivo de 2016, que ha sido puesta en práctica con timidez en términos presupuestales y conceptuales. Lo que busca esa política es identificar cuellos de botella para el desarrollo económico de cada región de Colombia, hacer una identificación casuística específica de lo que necesita cada territorio, y removerlos, solucionar esos problemas”, señaló Trejos.

Los expertos advirtieron que el país debe prevenir que muchos de los desempleados que ha dejado la crisis se conviertan en empleados independientes con trabajos de baja calificación, ya que, con el paso del tiempo, es mucho más difícil que se reinserten en el mercado laboral formal.

De hecho, de acuerdo con las cifras del Dane, en octubre, el promedio nacional de desempleo llegó al 14,7%, con una pérdida de 1,5 millones de empleados frente al mismo mes de 2019. Sin embargo, de los 21,3 millones de ocupados que quedaron, la mayor reducción estuvo entre quienes llevaban más de cinco años (-12,6%), y entre dos y cinco años (-2,2%), en el mercado laboral.

Para los economistas, esta reactivación también podría mantener estímulos como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), para evitar precisamente la reducción de empleados, y Natalia Galvis destacó la importancia de que dichos estímulos tengan un enfoque en mujeres y jóvenes.

Por ejemplo, el Paef que el Gobierno creó por la pandemia entrega un subsidio del 50% de un salario mínimo por cada mujer contratada y del 40% por cada hombre.

Eso sí, la reactivación, coincidieron todos los consultados, también debe llegar de la mano de la apertura de colegios y jardines infantiles, lo que incluye la oferta de servicios de cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para permitir que las mujeres puedan retomar sus labores.

Un ejemplo de esto es que, de los 15 millones de inactivos que tiene el país, 9,8 millones son mujeres, pero, además, de los 6,6 millones de colombianos inactivos que reportaron estar dedicados a labores del hogar, seis millones son mujeres.

Fuente: Dane

Por otro lado, Galvis destacó que los impulsos a la construcción, uno de los frentes en los que más activo ha estado el Gobierno, debería incluir no solo infraestructura vial, también la provisión de vivienda con acceso adecuado a servicios públicos domiciliarios, para las familias de menores ingresos.

De ese modo, se genera empleo, se incentiva al sector de mayor encadenamiento con otros renglones económicos del país y se reduce la incidencia de pobreza multidimensional colombiana, en al menos uno de sus componentes.

Finalmente, Galvis destacó que podrían crearse “incentivos a la contratación de mujeres en los sectores que tienen una participación de mano de obra femenina muy baja, como la construcción. Estos podrían fácilmente rediseñarse para que esa población, cuya probabilidad de caer en la pobreza es mucho más alta”, tenga mayores posibilidades de empleo.

Reforma tributaria

Una clave en la que coincide hasta el Ministerio de Hacienda, cuyos altos funcionarios han advertido en repetidas oportunidades que 2021 será nuevamente un año de reforma tributaria, es la necesidad de hacer un aumento estructural de los ingresos del Gobierno.

Para Maribel Castillo, la reforma debe estar “bien focalizada y usarse para la reactivación con enfoque de equidad”, y rechazó la idea de ampliar la tarifa general del IVA a los artículos de la canasta básica que faltan por gravarse con la misma.

“Es el momento de gravar con impuestos los dividendos y las rentas no laborales del 1% de los colombianos de más ingresos, y no a los colombianos que no están consumiendo suficiente. Más impuestos, menos consumo”, advirtió la académica.

Sin embargo, tanto Acosta como Trejos señalaron que la propuesta del IVA es acertada pues permite un amplio recaudo y, vía la compensación del impuesto, que ya inició el Gobierno, se puede revertir su impacto negativo en los más vulnerables.

Sin embargo, Trejos advirtió que el pago del Gobierno por compensación del IVA a los hogares de menores ingresos debe tener una “alta frecuencia”. Es decir, debe ser, como mínimo, una transferencia mensual, dado el impacto que tendría para ellos encarecer su canasta y compensar dicho mayor costo con pagos distantes, como las opciones bimensuales o trimestrales.

Por su parte, Acosta, que hizo parte de la Comisión de Expertos de Impuestos Territoriales, advirtió que es el momento para que los entes territoriales con pobladores que no están clasificados como de menores ingresos empiecen a recaudar más recursos si quieren mayor autonomía del Gobierno Central.

En ese sentido, señaló que el Catastro Multipropósito debe ayudar a identificar los terrenos que pertenecen a pocos colombianos y pagan tasas de tributación muy bajas, en comparación tanto con el valor del terreno como sus posibilidades económicas, aunque reconoció que este es un punto que también depende mucho de la política y sus intereses particulares.

Acosta también destacó que el país debe moverse hacia una mejor identificación de los movimientos financieros de sus habitantes, algo que llegaría de la mano de la eliminación del efectivo y que le puede ayudar al Estado a identificar mejor a las familias que necesitan su ayuda y enviarles recursos.

Para Trejos, el Gobierno tendrá que presentar una combinación de buenas ideas para aumentar el recaudo, algo en lo que todos los expertos están de acuerdo.

Entre las ideas están, además de la ya mencionada ampliación y compensación del IVA, el incremento de los impuestos verdes por los que el país recauda entre el 0,4% y el 0,5% de su PIB, mientras el promedio de los países de la Ocde es de 2% del producto nacional; a este se suman los impuestos a las bebidas azucaradas, la eliminación de exenciones no justificadas para sectores económicos como el denominado economía naranja y los cambios en el impuesto de renta.

Sobre este último punto, Acosta señaló que es momento para que el Gobierno grave más a los dueños de las empresas, ya que mientras estos tienen tasas de tributación bajas, sus empresas tienen cargas muy altas.

Además, Trejos destacó que podría ampliarse el umbral de declaración de renta en personas naturales, para que entren en el mecanismo quienes ganan, por ejemplo, $2 millones al mes, e incluir una condición que impida que estas personas tributen durante los primeros años.

Más adelante, cuando la crisis por la pandemia se haya diluido, se empezaría a aplicar “una tarifa progresiva, es decir, que las personas que ganan entre $1 millón y $2 millones paguen hasta el 2%; luego, quienes ganan más de $2 millones, el 5%, y así sucesivamente”, agregó Trejos.

Responsabilidad fiscal

Ahora bien, Colombia tiene un déficit estructural de dos puntos del PIB. Esto significa que cada año hay un faltante de $20 billones que no se logra “tapar”; este es el mismo monto que el Gobierno espera recaudar, adicionalmente, con la tributaria de 2021.

Allí coinciden también las preocupaciones de los expertos: Colombia debe garantizar que en 2022, cuando vuelva a aplicarse la Regla Fiscal, podrá reducir sus gastos y tener ingresos suficientes para retomar sus compromisos en reducción de dicho déficit, así como bajar la deuda externa que, por la pandemia, será la más alta de la historia y se ubicaría en cerca del 68% del PIB nacional.

Pese a que para muchos analistas la pérdida del grado de inversión no tendría en este momento mayor efecto para el país, Trejos advierte que esto sí puede llevar a una restricción de liquidez por el menor acceso de Colombia a financiamiento externo. Esto, a su vez, llevaría a repetir una situación como la vista en la crisis de 1999 y empujaría a muchos colombianos directo a la pobreza.

Es decir, Colombia necesita aplicar sus estrategias para reducir la pobreza al tiempo que eleva sus ingresos y cuida su gasto para evitar un mal peor.

Por: Revista Dinero – 1 de diciembre de 2020

 

814527
Hoy
Este mes
Total
767
22672
814527

2021-01-24 22:09